domingo, 27 de septiembre de 2009

La industria fotográfica

La Cámara de la Industria Fotográfica Argentina (CIFA) alertó que "de aprobarse el proyecto de ley de impuestos a electrónicos , el sector perderá 25.000 puestos de trabajo".
Según señaló a través de un comunicado, la medida, que busca estimular la producción en la provincia de Tierra del Fuego, "afectará a los distintos eslabones que constituyen la cadena de fabricación de insumos y procesamiento de fotografías, perjudicando así la producción nacional y favoreciendo la aparición de monopolios que sepultarán las economías regionales".
"Con el avance hacia la tecnología digital que ha hecho desaparecer el rollo, en los últimos dos años hemos perdido 30.000 puestos de empleo. Estamos convencidos que duplicando el parque actual de 5 millones de cámaras los recuperaríamos y volveríamos a los 50.000 empleos", aseguró el presidente de la Cámara, José Russo .
Estimó que "para ser rentables y lograr volúmenes de impresión que garanticen la continuidad del canal fotográfico se necesitaría alcanzar, en el corto plazo, un parque de cámaras fotográficas digitales no menor a 10 millones".
"Necesitamos que continúe el crecimiento de importación de equipos para salvar a la industria fotográfica, que depende de la post venta del dispositivo", indicó el dirigente empresario.
CIFA reclamó que se vuelva a recategorizar a las cámaras como un bien de capital, ya que el actual proyecto las tipifica como suntuarios, "lo cual va en contra del cierre de la brecha digital, del creciente uso en el desarrollo de diversas actividades educativas, científicas, de investigación, donde son consideradas herramientas de competitividad sumamente necesarias".
Además, subrayó que "la sanción de la ley incrementaría entre 25 y 30 por ciento el precio de las cámaras digitales, y hará caer las ventas anuales en la misma proporción".
Russo destacó que estos "son productos no gravados hasta el momento y sin producción nacional y hoy ni siquiera se están ensamblando".
"La nueva carga impositiva incrementará el precio final de los productos y retraerá la compra por los consumidores, principalmente en los sectores de menores recursos, a la vez que favorecerá su adquisición mediante canales irregulares", advirtió el titular de la entidad.

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