La GDPR ha entrado hoy en vigor como nueva normativa europea de protección de datos. Desde varios meses antes de que entrase en vigor, expertos auguraban un pésimo escenario, en el cual pocas serían las empresas que cumplieran desde las primeras horas. En las últimas semanas, compañías como Facebook y Google han estado desplegando nuevas documentaciones legales y herramientas que también Apple, entre muchas otras, han ofrecido a sus usuarios en busca del consentimiento explícito, que es uno de los aspectos clave en esta nueva normativa.
La acusación parte del grupo activista por la privacidad en la red, noyb.eu, que asegura que los usuarios han tenido que escoger entre aceptar las políticas de privacidad o abandonar WhatsApp, Instagram, Facebook o los servicios de Google.
Para los usuarios europeos, estos últimos días han sido una constante de ventanas emergentes con nuevas políticas de privacidad y correos electrónicos con una misma premisa, así que muy probablemente alguien haya acabado por seleccionar la opción de “acepto” en alguna red social sin haber leído bien en qué consistía el cambio.
Es por eso que muchos ciudadanos tampoco sabrán que la GDPR es contraria a pedir el consentimiento de una manera binaria, tal y como han hecho Facebook o Google.
Lo que es realmente necesario para el funcionamiento de una app se asume y es legal incluso sin consentimiento expreso, pero todo lo demás necesita de una opción de “sí” y de “no”. Eso incluye a los anuncios hechos a medida en función de las características de cada usuario.
Aunque era factible que, una vez entrase en vigor, se levantaran voces críticas hacia cómo se interpreta la ley, lo cierto es que otros grandes nombres han decidido cuidar esta parte de la regulación en concreto. Twitter estableció un panel en el que los usuarios pueden elegir si salir o no de los anuncios personalizados.
Algunas otras empresas han decidido paralizar su actividad en la Unión Europea hasta asegurarse de que encaja con la GDPR. Estas quejas se han presentado por distintos ciudadanos europeos en Austria, Bélgica, Francia y Alemania. Las empresas afectadas ya han dado su versión a la BBC, asegurando que han tardado más de 18 meses en poner a punto la nueva normativa.
